IDEARIO / PROGRAMA

Los 46 puntos del Proyecto nacional del partido político:

RECUPEREMOS ESPAÑA,

Frente: Nacional Identitario

RE+FNI

  • Exigimos la disolución de todos los parlamentos autonómicos y de las juntas autonómicas, sustituyéndolas por comisiones de administración económica dependientes de los ministerios departamentales, y formados por técnicos teólogos, “experto técnico especialista” NO politizados.  
  • Exigimos la igualdad de derechos para español con respecto hacia otras naciones; y la abrogación de los tratados que perjudican al pueblo español y a su industria.

  • Exigimos la salida inmediata de la CEE “Comunidad Económica Europea”, manteniéndonos en la zona €uro en lo relativo al comercio transfronterizo, creando una cotización de moneda interna en lo relativo al comercio intrafronterizo. “€uro Español”.
  • Exigimos la nacionalización de tierras agrícolas que no estén en explotación para el sustento de nuestra población basado en consumo interno, y para la creación de empleo, regenerando nuestro mundo rural.  
  • Exigimos la creación de una ley de obligación comercial interna, en la que se obligue a que: como mínimo el 70% de los productos vendidos en cualquier establecimiento en territorio español, deban ser obligatoriamente “producto España” “fabricado en España” “producido en España”.
  • Solo un hijo nacido de 2 ciudadanos españoles, podrá ostentar la nacionalidad española. En consecuencia, ningún nacido en España será automáticamente considerado ciudadano español de pleno derecho, deberá ostentar la nacionalidad parental si los padres no fueran españoles de pleno derecho, y ostentará la doble nacional si uno de los progenitores fuera español, y el otro progenitor fuera no español. Por ende, al ser nacido en España, no se ostenta ni se ostentaría la condición de ciudadano español de pleno derecho.
  • Para la ostentación de la condición de español de pleno derecho, por parte de un no nato español, Será necesario la residencia obligatoria y permanente en territorio español durante un periodo mínimo consecutivo de 12 años. Siendo un nato español, la condición sería la de 18 años tras su nacimiento, más 12 años de vida adulta. Pudiendo ostentar la nacionalidad a sus 30 años de edad. Con la misma obligatoriedad de mantener en su condición la doble nacionalidad. Mientras no se cumpliese esa condición, ese ciudadano invitado en territorio español, será regulado bajo las leyes de inmigración. Y su condición de residente será renovado mediante visados específicos.
    • Tras la obtención de la condición de ostentación de un ciudadano no español, en español de pleno derecho, nunca podrá ostentar únicamente la nacionalidad española, siempre le será concedida bajo la condición de ostentar la doble nacional, y nunca abandonar esta condición, permitiendo de esta forma la posibilidad de retirarle la nacional española, y poder ser deportado, si su condición jurídico/penal así lo requiriese.
    • Los que hayan obtenido la nacional española en los últimos 15 años, y hayan por ello renunciado a su nacionalidad de primer derecho, quedarán obligados a recuperar su primera nacional natal, ostentando así la doble nacionalidad, o serán incriminados penalmente.

  • Un ciudadano que no esté bajo la condición de español de pleno derecho, no podrá solicitar ni recibir ayudas sociales por un periodo máximo de 12 meses, ni por una cantidad superior a 14,000€, si se cumpliera esta condición de ayuda social, le será retirado su visado de residente y se tramitará su expulsión del territorio nacional.
  • Un ciudadano que no ostente la condición de español de pleno derecho, que se encuentre en la condición de “desempleado” por un periodo superior a 12 meses consecutivos, le será retirado su visado de residente y se tramitará su expulsión del territorio nacional.
  • Un ciudadano, no español de pleno derecho, no podrá ostentar la condición de español de pleno derecho mediante el matrimonio con un ciudadano español que ostente la condición de pleno derecho.
  • Aquel que no posea la ciudadanía española, es capaz de vivir en calidad de huésped mediante visado emitido por las autoridades y tiene que estar bajo la autoridad de legislación  para extranjeros.
  • El derecho de determinar asuntos relacionados con la administración y la ley pertenecen solo a la ciudadanía española de pleno derecho. Por lo tanto, exigimos que cada cargo público, de cualquier tipo, ya sea de ámbito nacional, el provincial o municipal, sea ocupado solamente por ciudadanos españoles de pleno derecho. Y que le sea retirado el derecho de voto a cualquier residente en territorio español que no ostente la condición  de ciudadano español de pleno derecho.
  • Exigimos que el Estado debe encargarse primero de proporcionar un sustento y modo de vida para los ciudadanos españoles de pleno derecho. Si es imposible sostener la población total del Estado, entonces los miembros de las naciones extranjeras (no-ciudadanos) deben de ser expulsados del territorio español.
  • Ningún presupuesto, sea de la administración que fuere, no podrá destinar más del 15% de su presupuesto de asuntos sociales o de ayuda social, a ciudadanos que no ostenten la condición de español de pleno derecho.
  • Cualquier tipo de inmigración de no ciudadanos, que no acatara o cumpliera las nuevas normativas de inmigración, debe ser expulsada de territorio nacional.
  • Exigimos que todos los ciudadanos que residan en territorio español, y no hubieran entrado en España cumpliendo en su totalidad las leyes de inmigración, y que hubieran permanecido en territorio español vulnerando su condición de visado temporal, sean expulsados de inmediato de territorio nacional y sean deportados a su país de origen, si tuvieran condición de agrupación familiar, su núcleo familiar también debe ser deportado y sus bienes nacionalizados.
  • Todos los ciudadanos deben de tener los mismos derechos y responsabilidades. Por ello no contemplamos la discriminación positiva hacia las minorías, sean las que fueren.
  • Únicamente un ciudadano español de pleno derecho, puede estar sujeto a la sanidad gratuita, los ciudadanos que no ostenten esa condición, deberán costear su tratamiento médico, sin ningún tipo de subvención, en caso de no poder atender el coste de su tratamiento médico, se le proporcionará socialmente a modo gratuito, y a posterior, se le tramitará expediente de expulsión del territorio nacional.
  • La primera obligación jurídica de cada ciudadano es la de tener que trabajar productivamente, tanto de forma física como sociológica. La actividad del individuo no es contrarrestar los intereses de la universalidad, sino que debe de obtener su resultado en el marco del todo, para el beneficio de los demás. Y debe ser pagado justamente y dignamente por su trabajo, no para el servicio y beneficio económico de las multinacionales. Y es el estado es quien debe instaurar las reglas para que así suceda.
  • Exigimos la nacionalización de todas las industrias sectoriales, que ostenten la condición de obligado consumo por parte de la población, como son: sector energético, sector de telefonías, obras públicas, transporte público, sector farmacéutico y todos los demás sectores que se consideren de obligado consumo por la población.
  • Exigimos la creación de un banco comercial “nacional” para fortalecer nuestra industria.
  • Exigimos la creación de un banco social nacional.
  • Exigimos la privatización del 50% de la banca.
  • Exigimos la eliminación de cualquier tipo de subvención a sindicatos y asociaciones, entendiendo que si no obtienen el suficiente apoyo económico del ciudadano, no pueden ostentar la condición de “interés social”.
  • Exigimos una ley de agrupación de los partidos políticos, mediante la definición de su orientación política mediante la tabla de:
  • Ultra nacionalistas “nacional identitario”
  • Centro derecha “conservadores”
  • Centro
  • Centro Izquierda “liberales”
  • Ultra liberales
  • Exigimos una regulación de precio mínimo de venta del producto mediante una tabla de costos de producción real, exento de los mercados o cotizaciones.
  • Exigimos una regulación de porcentaje máximo de beneficio comercial sobre coste, repercutible sobre el precio de compra/venta, basado en el 33% de beneficio máximo de margen comercial de venta.
  • Exigimos una regulación de empleados públicos de su repercusión sobre el total de la población.
  •   Exigimos una ley de protección al generador de producto, que regule la producción sujeta al consumo real. Para favorecer la producción nacional ante la importación.
  • Exigimos una reforma agraria adecuada a nuestras necesidades, la promulgación de una ley para la expropiación rentativa de terrenos con fines de utilidad y explotación pública, la abolición de los impuestos sobre bienes inmuebles y la prevención de toda especulación sobre los terrenos.
  • Exigimos la retirada de cualquier tipo de impuesto o gravamen sobre las herencias intrafamiliares.
  • Exigimos la construcción de vivienda social, cuyo destino será el alquiler social, destinado a familias desfavorecidas, que en ningún caso será entregada su titularidad al beneficiario de la ayuda, su propiedad siempre ostentará al estado. Y el recibiente de la ayuda habitacionales será siempre temporal, no definitivo o indefinido.
  • Exigimos la creación de un Ministerio del desarrollo, cuya  finalidad será el financiar el desarrollo de empresas españolas, generadoras de empleo. Evitando así parcialmente, la venta de deuda pública.
  • Exigimos la reordenación del pago del IRPF, globalizándolo universalmente al 12.5% sobre el sueldo de cualquier empleado, sea cual fuere su ingreso. El cual también afectará a los trabajadores autónomos españoles, que cotizarán sobre sus ingresos y no en una cantidad de cotización fija y quedará sujeto al régimen general de la seguridad social, como cualquier otro empleado. Entendiéndose como tales: bajas y paro, y de cualquier otro beneficio equitativo de un trabajador por cuenta ajena.
  • Para crear una estructura secundaria al sistema público de pensiones, se reordenará la cotización de la seguridad social, destinando una parte de lo abonado a los bonos denominados “bonos al desarrollo” y al “banco de desarrollo”. Estos denominados “bonos al desarrollo” irán sujetos a una rentabilidad garantizada por el estado del 3% anual.
  • Anulación de los fondos de pensiones privados.
  • Anulación de los fondos de inversión privados “no garantizados” y previa autorización del estado de esos fondos para poder salir al mercado o que coticen en el mercado español. Siendo el estado el obligado garante de control y observación de esos fondos de inversiones.  
  • Exigimos que el 20% del mercado bursátil por parte de inversores españoles y de las sicav españolas, sean invertidos en mercado español o en bonos al desarrollo. Si un inversor español quiere invertir 100€ en bolsa, quedará obligado mediante canon a invertir 20€ en mercado español o en bonos al desarrollo. Estos denominados “bonos al desarrollo” irán sujetos a una rentabilidad garantizada por el estado del 3% anual.
  • Exigimos la prohibición hacia el estado y cualquier estamento público, para que pueda trabajar bajo el factor déficit. Un estamento público no puede gastar más de lo que ingresa, generándose así un endeudamiento de las instituciones públicas. Exigimos el veto al endeudamiento institucional.
  • Exigimos una generalización del IVA al 15% sea cual sea el producto.
  • Exigimos una reordenación del estado, marcando por ley el número máximo de políticos por cada ciudadano, incluyendo en esta tabla el número de asesores sujeto a cada político.
  • Exigimos la lucha sin consideración contra aquellos, cuyas actividades son perjudiciales para el interés general, individual, del trabajador, de la sociedad en general o sobre una parte de ella.
  • El Estado debe ser el responsable de una reconstrucción fundamental de todo nuestro programa nacional de educación, para permitir que todos los ciudadanos competentes y trabajadores reciban una educación superior gratuita, y posteriormente, se inserten en los cargos de liderazgo público o empresarial. Los planes de instrucción de todas las instituciones educativas deben de ajustarse con las experiencias y expectativas de la vida práctica, mediante un cupo realista de oferta y demanda de profesionales y plazas universitarias específicas sobre el mercado y su demanda real, y un resultado académico mínimo exigible al alumno.   

– La comprensión del concepto de Estado debe de ser defendida por la escuela desde el comienzo de su entendimiento. Exigimos la educación a expensas del estado a los niños, de padres, sin hacer consideración hacia sus ingresos anuales, cargo o profesión, contemplando únicamente el nivel de resultado académico del alumno mediante una tabla establecida, siendo una realidad de que cualquier alumno que aspire a una formación académica de nivel superior sin ostentar el nivel de evaluación académica esperable, el estado no estará obligado a costearla.

  • Un alumno, el cual, haya obtenido una formación universitaria gratuita por parte del estado, y a posterior, ejerza su profesión fuera de territorio nacional, quedará obligado a reembolsar el coste de su formación universitaria al estado, mediante una parte de su sueldo.
  • El estado, quedará obligado a crear, desarrollar y apoyar todo proyecto de desarrollo que los técnicos consideren viable económica y socialmente para favorecer la incorporación de nuestros técnicos universitarios al mundo laboral, durante un periodo mínimo de 5 años tras la finalización de su carrera.
  • El Estado debe de velar por una mejor salud estatal, protegiendo a la madre y a su hijo, por eso Exigimos la creación de una asignación mensual por parte del estado al nato español de 200€ al mes por cada nato español. El cual la madre o su núcleo familiar recibiría desde el 6º mes de embarazo, hasta que el nato español cumpliera los 18 años, o hasta que termine  su formación académica de nivel superior. Esta asignación se perdería si el nato español delinquiera. Esta asignación sería recibida por el progenitor custodio del hijo en caso de separación o divorcio, y será contemplada en el establecimiento de la pensión de alimentos a abonar por parte del progenitor no custodio.

– Esta asignación mensual por parte del estado, sería cotizada sobre la progenitora en la contabilización de su pensión de jubilación.

– El estado, según sus presupuestos generales, será el encargado de regular esta cantidad económica según su riqueza, no pudiendo ser rebajada por debajo de los 200€ mensuales aquí contemplados.

  • Exigimos la creación de una guardia nacional, con sus funciones específicas en beneficio hacia la sociedad, para poder absorber a los actuales militares en pronta edad de jubilación, y a los policías de cualquier ámbito que por su edad o facultades ya no puedan seguir cumpliendo con las condiciones físicas que le son exigibles para el desempeño de su función de trabajo.
  • Cualquier ciudadano que perciba una ayuda social, quedará obligado a recibir una reeducación formativa laboral, para poder abandonar la condición que le haya llevado a solicitar la ayuda social. Al mismo tiempo quedará obligado a realizar funciones laborables para las que sea requerido por parte de cualquier administración pública.
  • Aceptamos la libertad de culto para todas las denominaciones religiosas dentro del Estado, siempre y cuando estos no supongan un peligro o atentado contra nuestra identidad nacional. Siempre y cuando, no pongan en peligro nuestra existencia y base espiritual, y siempre y cuando no atenten contra nuestra base constitucional, base civil, sociológica, moral o base penal, ni se opongan a los sentidos morales de la historia hispánica. Sin obligarse confesionalmente a ninguna denominación. Dentro del marco: El bien común antes del bien individual. ​

– No se permitirá, que ninguna orden religiosa cree o fomente una estructura paralela o secundaria a las estructuras del estado.

– NO se financiará ni se subvencionará por parte del estado ninguna orden religiosa que no sea de procesamiento en su culto, inferior al 30% de la población global.

– NO se permitirán guetos religiosos de exclusión, ni comunidades ciudadanas exclusivas de ámbito religioso en ninguna parte del territorio nacional. 

  • El estado velará para que municipalmente no se creen guetos de exclusión social.
  • El estado será el encargado de crear unas tablas económicas para regular el precio del alquiler de la vivienda y de su precio de venta, según valor catastral. Limitando la especulación de mercado. El estado, deberá poseer como mínimo el 5% de todo el parque habitacional de cualquier núcleo urbano, en concepto de vivienda social.
  • Exigimos una renegociación de la deuda pública española para poder financiar y dotar de fondos económicos al “banco de desarrollo” y poder aplicar el nuevo plan económico y la reestructuración del plan de estado.

Presidente, JOSE ALBERTO PÉREZ MOLINA

presidente@recuperemos.es

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